Detrás de toda la normativa de canales de denuncias hay un concepto anglosajón: el whistleblowing. Entenderlo ayuda a comprender por qué existe la obligación y a quién protege.

Whistleblowing (literalmente, 'hacer sonar el silbato') es el acto de informar sobre irregularidades, fraudes o incumplimientos dentro de una organización. Quien lo hace es el whistleblower o, en la terminología legal española, el informante.

La idea de fondo es que estas personas aportan información valiosísima para detectar la corrupción y el fraude, pero se exponen a represalias. Por eso la normativa las protege.
La Directiva (UE) 2019/1937, de protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, establece normas mínimas comunes en toda Europa: canales de comunicación internos y externos, confidencialidad, prohibición de represalias y medidas de apoyo al informante.
España traspone la Directiva mediante la Ley 2/2023, que obliga a implantar canales de denuncias internos, crea la Autoridad Independiente de Protección del Informante y regula el canal externo de comunicación. Puedes ver el marco completo en nuestra guía de la Ley 2/2023.
En la práctica, significa que gran parte de las organizaciones deben dotarse de un canal de denuncias conforme. Comprueba gratis si te afecta.
Sí. 'Informante' es el término que emplea la Ley 2/2023 para referirse al whistleblower.
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